México: se aprobó el matrimonio gay lésbico en la Asamblea del DF
Por Redacción AG Magazine
Así, la capital mexicana se ha convertido en la primera ciudad de América Latina que modifica sus leyes para permitir el matrimonio homosexual. En 2006, el Congreso de la capital mexicana aprobó la llamada Ley de Sociedad en Convivencia, que proporcionó un marco legal –mediante un contrato privado– a las parejas que viven juntas y les otorgó ciertos derechos, como pensión alimenticia.
La nueva reforma reconoce a las parejas homosexuales derechos como el de la herencia, la unión patrimonial para obtener créditos bancarios y la posibilidad de recibir los beneficios del seguro social, entre otros.
Retrógrados
María Gómez del Campo, coordinadora de la fracción del PAN en la ALDF, añadió que si alguien piensa contraer nupcias en el Distrito Federal no será válido en otros estados y ratificó la postura de su partido: “el matrimonio busca dos finalidades, procrear y la ayuda mutua; lo primero no se logra con esta ley que se está aprobando”.
La parlamentaria Mariana Gómez del Campo, del PAN, y varios diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reprocharon a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Alejandra Barrales, porque —según ellos—la cláusula sobre la adopción se incluyó en el texto propuesto “de forma engañosa”.
México DF. La nueva ley sólo tiene alcance en la capital mexicana que tiene una población de casi nueve millones de habitantes.
Mientras que los representantes de las organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales y trans (LGBT) presentes durante el debate aplaudieron y gritaron “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.
La Iglesia mexicana la legalización de los matrimonios entre personas homosexuales ya la ha tildado de “inmoral” y de “destructora de las familias”.
Por su parte, los parlamentarios del PAN decidieron abandonar el Salón de Sesiones y el diputado del PRI Israel Betanzos anunció que su partido presentará una queja constitucional porque nunca ha estado de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Ciudad progresista
Por Redacción AG Magazine
21 Diciembre 2009
[México DF Agencias]
El pleno de la Asamblea Legislativa de México D.F. (ALDF) aprobó hoy lunes por 31 votos a favor, 24 en contra y nueve abstenciones el matrimonio entre de personas del mismo sexo, así como que puedan adoptar niños.
La propuesta de la diputada Marisela Contreras, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), contó con el apoyo del Partido del Trabajo (PT) pero fue rechazada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En la Asamblea Legislativa, la izquierda es mayoritaria.
La iniciativa permitió modificar la definición de matrimonio para que tenga un “lenguaje neutro”, es decir, que se reforme el artículo 146 del Código Civil local, para que en lugar de definir al matrimonio como la unión libre de un hombre y una mujer, se establezca como la unión libre de dos personas.
En cuanto a la reforma que permitiría la adopción, se registraron 30 votos a favor (PRD) y 24 en contra (PRI, PAN y PVEM).
Primera ciudad de Latinoamérica con matrimonio homosexual
La propuesta de la diputada Marisela Contreras, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), contó con el apoyo del Partido del Trabajo (PT) pero fue rechazada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En la Asamblea Legislativa, la izquierda es mayoritaria.
La iniciativa permitió modificar la definición de matrimonio para que tenga un “lenguaje neutro”, es decir, que se reforme el artículo 146 del Código Civil local, para que en lugar de definir al matrimonio como la unión libre de un hombre y una mujer, se establezca como la unión libre de dos personas.
En cuanto a la reforma que permitiría la adopción, se registraron 30 votos a favor (PRD) y 24 en contra (PRI, PAN y PVEM).
Primera ciudad de Latinoamérica con matrimonio homosexual
Así, la capital mexicana se ha convertido en la primera ciudad de América Latina que modifica sus leyes para permitir el matrimonio homosexual. En 2006, el Congreso de la capital mexicana aprobó la llamada Ley de Sociedad en Convivencia, que proporcionó un marco legal –mediante un contrato privado– a las parejas que viven juntas y les otorgó ciertos derechos, como pensión alimenticia.
La nueva reforma reconoce a las parejas homosexuales derechos como el de la herencia, la unión patrimonial para obtener créditos bancarios y la posibilidad de recibir los beneficios del seguro social, entre otros.
Retrógrados
María Gómez del Campo, coordinadora de la fracción del PAN en la ALDF, añadió que si alguien piensa contraer nupcias en el Distrito Federal no será válido en otros estados y ratificó la postura de su partido: “el matrimonio busca dos finalidades, procrear y la ayuda mutua; lo primero no se logra con esta ley que se está aprobando”.
La parlamentaria Mariana Gómez del Campo, del PAN, y varios diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reprocharon a la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Alejandra Barrales, porque —según ellos—la cláusula sobre la adopción se incluyó en el texto propuesto “de forma engañosa”.
México DF. La nueva ley sólo tiene alcance en la capital mexicana que tiene una población de casi nueve millones de habitantes.
Mientras que los representantes de las organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales y trans (LGBT) presentes durante el debate aplaudieron y gritaron “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.
La Iglesia mexicana la legalización de los matrimonios entre personas homosexuales ya la ha tildado de “inmoral” y de “destructora de las familias”.
Por su parte, los parlamentarios del PAN decidieron abandonar el Salón de Sesiones y el diputado del PRI Israel Betanzos anunció que su partido presentará una queja constitucional porque nunca ha estado de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Ciudad progresista
La Asamblea Legislativa de México D.F. ha aprobado reformas consideradas progresistas para atender demandas de las minorías, como permitir el aborto con una gestación de hasta doce semanas y una ley para proteger la decisión de las personas desahuciadas que buscan una muerte anticipada por la interrupción del tratamiento médico.
